14/6/20
Primera sentencia de un tribunal español que condena a un organismo púbico tras declarar la fijeza de una funcionaria interina municipal (Ayuntamiento de Alicante)
De
esta forma, tan sencilla e inusual, califica Luis Iñesta Alcolea, el abogado que ha conseguido la primera
sentencia en la que un tribunal español
condena a un organismo púbico como el Ayuntamiento de
Alicante a declarar fija a una funcionaria interina que llevaba 12 años
trabajando de forma temporal:
“Aunque me he mantenido al margen de la escena de las redes sociales, he leído muchas sentencias nacionales y comunitarias y también todos los artículos de magistrados y catedráticos que han caído en mis manos, lo que me permite afirmar con rotundidad que la sentencia es impecable, brillante y minuciosa desde su fundamentación, un pequeño compendio de la materia, se aleja de lo que es normalmente una sentencia (un escrito que da respuesta a un litigio entre dos partes) para convertirse en una pequeña obra didáctica”.
Es imprescindible leer las opiniones vertidas por Luis Iñesta, tras el fallo, como la forma en la explica la sentencia: “…un pequeño compendio de la materia, se aleja de lo que es normalmente una sentencia (un escrito que da respuesta a un litigio entre dos partes) para convertirse en una pequeña obra didáctica. Evidentemente la sentencia es el resultado de lo que se pide en la demanda, por ello se tiene que ser extremadamente meticuloso cuando se redacta. La simple redacción del apartado del suplico de la demanda (lo que se pide) me supuso dos días de trabajo. Nunca debe olvidarse que enfrente se encuentran extraordinarios juristas de la Administración Pública”.
Por su interés, dejamos el documento completo en el que el letrado explica todo el proceso.
Alicante, a 13 junio de 2020.
Hola
a todos:
Quiero
aclarar varios aspectos de mi propia persona y también de la ya famosa
sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número cuatro de Alicante, de
fecha 8 de Junio de 2.020, dictada en el procedimiento abreviado 813/2020, en
el que he tenido la suerte y desde luego el honor de ser el letrado director
del asunto. Entro en materia:
RESPECTO
DE MI PERSONA:
1º.-
Soy abogado desde hace veinte años, pertenezco al colegio profesional de Alicante
y además soy profesor de la escuela de práctica jurídica de Alicante (mi gran
pasión), donde imparto la asignatura de derecho contencioso administrativo
dentro del máster de la abogacía; también me encargo del curso de acceso al
turno de oficio para abogados ejercientes en esta materia. Mi actividad profesional
se centra en el derecho administrativo y contencioso administrativo en GENERAL.
2º.-
NO pertenezco ni guardo vínculos con sindicatos ni “grandes despachos”, egento el mío propio: “
iñestaalcoleaabogados”, que se encuentra en Alicante, y aparece publicitado
tanto en el colegio profesional, como en otros medios. Me he quedado perplejo
cuando se me ha vinculado con alguno de estos “entes”.
3º.-
He defendido durante toda mi vida profesional asuntos relacionados con la función
pública, como parte del derecho administrativo que es. En concreto, la materia
que denominamos “abuso en la temporalidad en los interinos” desde hace unos dos
años. Mi vínculo con esta materia se inició cuando un extenso grupo de
funcionarios interinos del Ayuntamiento de ALICANTE confiaron en mí y me
entregaron la defensa de sus intereses y los de su familia. Luego han venido
otros funcionarios de otros Ayuntamientos, de la administración autonómica y
nacional.
Web del letrado alicantino.
4º.-
Tengo una visión de la práctica de la abogacía que podría tildarse de “romántica”
e incluso “trasnochada”, visión que chirría en una sociedad que en general con
solo mirarla puede dar vértigo. Que cada uno saque sus conclusiones.
5º.-
Quedo perplejo en pleno siglo XXI leer comentarios como: “éste o aquél” tenía razón…El
derecho como parte de las ciencias sociales, lo crea el ser humano para reglar
sus relaciones con el resto. El derecho evoluciona hasta desaparecer y ser
sustituido por otro, el derecho es de todos y susceptible de interpretación.
RESPECTO
DE LA SENTENCIA.-
6º.-Aunque
me he mantenido al margen de la escena de las redes sociales, he
leído
muchas sentencias nacionales y comunitarias y también todos los artículos de
magistrados y catedráticos que han caído en mis manos, lo que me permite
afirmar con rotundidad que la sentencia es impecable, brillante y minuciosa
desde su fundamentación, un pequeño compendio de la materia, se aleja de lo que
es normalmente una sentencia (un escrito que da respuesta a un litigio entre
dos partes) para convertirse en una pequeña obra didáctica.
Evidentemente
la sentencia es el resultado de lo que se pide en la demanda, por ello se tiene
que ser extremadamente meticuloso cuando se redacta. La simple redacción del
apartado del suplico de la demanda (lo que se pide) me supuso dos días de
trabajo. Nunca debe olvidarse que enfrente se encuentran extraordinarios
juristas de la Administración Pública.
7º.-
Me genera frustración el exceso de información que existen en todos los canales
de información, donde acaban mezclándose conceptos y en definitiva surge un
auténtico batiburrillo de conceptos que confunden y en general terminan por
generar equívocos gravísimos. La propia sentencia refleja en varias de sus
partes la complejidad del asunto.
8-
Dentro de esta complejidad de la materia me gustaría dejar claro varios aspectos:
8.1º.-
Es una sentencia del orden contencioso- administrativo, y resuelve la situación
de un funcionario interino, cuya relación se encuentra sometida al estatuto de
la función pública. Por favor olvidarse del personal laboral y de la
jurisdicción laboral. El personal laboral es “personal laboral” y el interino
es” interino”, cada uno sometido a un ordenamiento propio. Hasta ahora ha
existido un grave problema de extender a la jurisdicción contencioso administrativa
soluciones propias del ámbito laboral.
8.2º.-
Lo que más me gusta de la sentencia es la claridad de su estructura
8.2º
A) En primer lugar aborda el marco jurídico aplicable y la competencia para
resolverlos. Se estudia el contenido de la directiva comunitaria 1999/70 CEE el
desarrollo por el Tribunal Europeo de Justicia y en especial la reciente
sentencia del 19 de marzo de 2.020. Finalmente, las situaciones generadas por
la colisión entre el derecho comunitario y el de cualquier estado miembro.
8.2º.B)
Luego disecciona la concreta relación funcionarial que mantiene la interina con
el Ayuntamiento de Alicante, a fin de determinar si la misma tiene o no
carácter abusivo en los términos previstos en la citada directiva. Por este
motivo, al menos de momento, rechazo la acumulación a través del denominado
“pleito testigo” que propone la administración en los juzgados, cada relación
funcionarial es distinta a las demás, aunque guarde importantes similitudes.
8.2ºc)
Para concluir, se estudian las posibles soluciones aplicables al supuesto de
hecho planteado (sanción disuasoria), por lo que se denominaría reducción, es
decir se van analizando propuestas para rechazarlas hasta dejar una como
posible: En primer lugar los procesos selectivos reglados se rechaza; la figura
del indefinido no fijo se rechaza y finalmente la indemnización que se rechaza.
Después de esta labor de reducción se decide como solución la única posible
ante una situación de abuso adquirir la condición de empleado público fijo (la
fijeza). Aclarar en este aspecto, que en mis demandas sólo ofrezco al juzgador
esta solución.
8.2º.d)
Finalmente se analiza la legalidad de esta solución, enfrentándola al famoso
artículo 103 de la Constitución (principios rectores de igualdad, mérito y
capacidad) que siempre alega la administración para oponerse a la fijeza;
concluye que en este caso ´también se respetan estos principios rectores, por
cuanto que:
8.2º.d
1.- La funcionaria interina ha superado procesos selectivos para acceder a las
bolsas de empleo. Esto es en el caso concreto de esta funcionaria, pero no debe
interpretarse esta propuesta como un numero clausus. Mi opinión es que superar
cualquier tipo de proceso selectivo es válido (oposición, concurso oposición o
incluso de simples méritos) este es otro motivo para no acumular demandas y que
se sigan valorando individualmente.
8.2º.d
2.- y finalmente que no se adquiere la condición de funcionaria de carrera.
8.3º.-
La sentencia es de un Juzgado de lo contencioso de una provincia, importante
pero no definitiva. Como es de cuantía indeterminada es susceptible de recurso
ante el TSJ de cada comunidad autónoma. Pero desde luego es un logro enorme.
Valoremos en sus justos términos su valor dentro de la estructura procesal del
foro judicial y especialmente su calidad jurídica.
La
sentencia entiendo que será recurrida y “puesta del revés” por parte de la
administración (me sorprendería lo contrario) supone un morrocotudo revolcón a
muchas “manías” sustantivas y procesales de nuestro pesado derecho
administrativo.
Espero
haber logrado aclarar varias cuestiones sobre mi persona y sobre la sentencia.
En mi bisoñez y candidez de juventud soñé en hacerme abogado para lograr una
sentencia de este tipo, y mi sueño se ha logrado.
Un
saludo para todos.
Luis Iñesta Alcolea
6/6/20
La ministra Darias en el Senado, ante la Comisión de Función Pública, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento
· Desde este enlace a la web del Senado puede
tener acceso a la comparecencia de la ministra de Política Territorial y
Función Pública, Carolina Darias, a las intervenciones de la oposición y
a la documentación aportada para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. La ministra mmanifestó que el Gobierno tiene previsto modificar el Estatuto del Empleado
Público, para, entre otras, dar respuesta al problema de la precariedad laboral
de los interinos de larga duración que se encuentran en fraude de ley, una
iniciativa para la que pretende contar con la colaboración de las Comunidades
autónomas, donde las tasas de trabajadores interinos y temporales
sobrepasan mucho el límite del 8 %.
 |
| Añadir título |
La comunidad autónoma con la tasa
de temporalidad más alta entre sus empleados públicos es Baleares, donde el
28,4% interino, según un documento interno del Ministerio de Hacienda (2017).
Le siguen Canarias, con un 27% de eventuales; Aragón (25,7%) y Asturias
(25,3%).
· Desde aquí puedes acceder a Moncloa.com, que
ofrece su versión sobre los planteamientos de la ministra.
· El diario 20 minutos extracta de la comparecencia que“El Gobierno de España
se compromete a buscar solución al problema de los interinos en fraude de ley,
a petición del PAR
· El diario Terc3ra Información recoge la reacción del sindicato CGT, “CGT Enseñanza aboga por la solución al problema de los interinos”
· COPE: El Partido Aragonés pide Ley que sancione abuso
de interinos y les haga fijos
29/5/20
El Gobierno planea una nueva vía para facilitar a los interinos ser fijos
Este interesante artículo del periódico Levante, uno
de los diarios más prestigiosos de España, recoge novedosos aspectos
relacionados con el plan para reducir la temporalidad en nuestro país.
El nuevo procedimiento permitiría al Consell bajar una tasa
de temporalidad que llega ya al 40 %
JULIA RUIZ VALENOA
El Gobierno central está trabajando en un nuevo marco normativo
para reducir la temporalidad en el empleo público, una vía con la que se pretende
facilitar el tránsito del personal interino a una plaza funcionarial. La ministra
de Política Territorial y Función Pública, Carolina Dadas, ha comenzado ya a trasladar
esta iniciativa a las comunidades autónomas en el marco de las reuniones tele
máticas que está celebrando para preparar la próxima conferencia sectorial
prevista para el 10 de junio. Será probablemente en este foro cuando el
Gobierno facilite los detalles de un nuevo procedimiento, que en el caso de la
Generalitat Valenciana puede ser clave para tratar de bajar el alto porcentaje
de temporalidad de la plantilla, en tomo al 40%.
Nuevo decreto para agilizar el teletrabajo en la
Generalitat
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas está
revisando el decreto de 2016 que regula el teletrabajo en la Generalitat para agilizar
su im plantación. Justicia reconoce que esta norma contiene una serie de
limitaciones y que la experiencia de la pandemia ha puesto en evidencia que
había trámites innecesarios. De hecho, tal como en su día contó este diario, el
decreto estaba virgen ya que no había ni una persona con teletrabajo. Con el
estado de alarma, el Consell ha tenido a marchas forzadas que habilitar
fórmulas para el trabajo telemático, un sistema que todo apunta dejará de ser residual.
Dar estabilidad al empleo público e incorporar savia nueva
pasa por convocar procesos selectivos, pero la crisis sanitaria ha hecho saltar
por los aires los planes del departamento de Bravo. Según los datos de conselleria,
están en marcha un total de 130 procesos que corresponden a las ofertas de empleo
público de 2017, 2018 y 2019 por las que se convocaban oposiciones para cubrir
4.902 plazas.
El estado de alarma ha paralizado los procesos que buscan
incorporar efectivosy consolidar el empleo.
Sin embargo, en tanto en cuanto todos los procesos se retoman y llegan a buen
puerto, la Generalitat envejece a marchas forzadas y las jubilaciones {la
previsión son perder 1.ooo efectivos al año a partirde 2025)c ontinúan. La amenaza es doble :el colapso por la falta de
manos y el aumento de la temporalidad, ya que ante la falta de funcionarios, el
Consell acude a la contratación de interinos.
En este contexto, Bravo solicitó al Gobiemo central que se
eliminen las tasas de reposición, deforma que la Oferta de Empleo Público (OPE)
de la Generalitat del año 2020 incluya la convocatoria de oposiciones para
cubrir 2.000 puestos. Se trata de una reivindicación antigua, pues la tasa de
repo sición la limitación presupuestaria para cubrir vacantes) se remonta a
una década atrás. Ante un escenario de crisis económica y de restricciones en
el gasto resulta complicado pensar que el Ejecutivo abra el grifo de las
ofertas.
El camino para reducir la temporalidad (el objetivo de
Bravo es llegar al 8 %) podría estar más despejado si el Gobierno
habilita un procedimiento específico para facilitar la conversión de interinos
a fijos. Fuentes consultadas relacionan esta medida con la reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena las prácticas abusivas
con respecto a los temporales.
El fallo era muy esperado por el personal interino, que
soñaba con que Europa les facilitaría la conversión en fijos. La sentencia no
concede este deseo, pero sí abre la puerta a procesos más sencillos para que quienes
llevan años en el mismo puesto puedan tener la oportunidad de consolidar su plaza
También contiene un serio avisoa las administraciones de lluvia de indemnizaciones
vía judicial. El fallo alude a la disposición transitoria cuarta del Estatuto
del Empleado Público que regula los procesos de consolidación temporal y en los
que se apoyan las convocatorias de la Generalitat para interi nos. Esta
cláusula no permite un acceso restringido, pero sí ciertas ventajas como el
peso de la experiencia en la fase de concurso.
El tribunaI europeo cree que esta disposición no es suficiente para frenar los abusos, por lo que abre la puerta a cambios normativos. Esta nueva vía perrnitiría al Consell modificar o regular nuevos procesos para sus interinos y, de paso, reducir el impacto de las indemnizaciones.
El tribunaI europeo cree que esta disposición no es suficiente para frenar los abusos, por lo que abre la puerta a cambios normativos. Esta nueva vía perrnitiría al Consell modificar o regular nuevos procesos para sus interinos y, de paso, reducir el impacto de las indemnizaciones.
19/3/20
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 33/20 Luxemburgo, 19 de marzo de 2020 Sentencia en el asunto C-103/18 Sánchez Ruiz y C-429/18 Fernández Álvarez y otras/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)
Los Estados miembros no pueden excluir del concepto de
«relaciones laborales de duración determinada sucesivas» la situación de un
empleado público que ocupa de modo permanente, en virtud de varios
nombramientos, un puesto de carácter interino a falta de un proceso selectivo,
de modo que su relación de servicio se ha visto prorrogada implícitamente de
año en año
El hecho de que un
empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio
de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere
el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.
En la sentencia Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez y otras
(asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18), dictada el 19 de marzo de 2020, ( texto íntegro) el
Tribunal de Justicia ha declarado que los Estados miembros o los interlocutores
sociales no pueden excluir del concepto de «sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada», previsto en la cláusula 5 del Acuerdo Marco
sobre el Trabajo de Duración Determinada (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), 1
una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una
relación de servicio de duración determinada –hasta que la plaza vacante para
la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva– ha ocupado, en el
marco de varios nombramientos, el mismo puesto de trabajo de modo
ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y
continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de
dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte
del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso
selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante y su
relación de servicio haya sido prorrogada implícitamente de año en año por este
motivo. En caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de
sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el
empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la
renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo, desde ese punto
de vista, al comportamiento del empleador y no lleva a que el Acuerdo Marco no
sea aplicable a la situación de ese empleado público. En los presentes asuntos,
varias personas están empleadas desde hace mucho tiempo en el Servicio de Salud
de la Comunidad de Madrid, en el marco de relaciones de servicio de duración
determinada. Estos empleados públicos solicitaron que se les reconociera la
condición de personal estatutario fijo o, con carácter subsidiario, la
condición de empleados públicos con un estatuto comparable al de ese personal,
solicitud que les fue denegada por la Comunidad de Madrid. Estos empleados
públicos interpusieron sendos recursos contra las resoluciones denegatorias de
dicha Comunidad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 de
Madrid y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid, los
cuales plantearon varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia
en relación con la interpretación, en particular, de la cláusula 5 del Acuerdo
Marco.
1 Acuerdo
Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de
1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
Para llegar a la conclusión antes mencionada, el Tribunal de
Justicia ha recordado, en primer lugar, que uno de los objetivos del Acuerdo
Marco es establecer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones
laborales de duración determinada, considerada fuente potencial de abusos en
perjuicio de los trabajadores, y que corresponde a los Estados miembros o a los
interlocutores sociales determinar, respetando el objeto, la finalidad y el
efecto útil de este Acuerdo, en qué condiciones esos contratos o relaciones
laborales se considerarán «sucesivos». A continuación, ha estimado que la
interpretación contraria permitiría contratar trabajadores de forma precaria
durante años y podría tener por efecto no solo excluir en la práctica un gran
número de relaciones laborales de duración determinada de la protección
perseguida por la Directiva 1999/70 y por dicho Acuerdo Marco, vaciando de gran
parte de su contenido el objetivo perseguido por estos, sino también permitir
la utilización abusiva de esas relaciones por parte de los empresarios para
satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal. Por otro
lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la cláusula 5 del Acuerdo Marco
se opone a una normativa y a una jurisprudencia nacionales en virtud de las
cuales la renovación sucesiva de relaciones de servicio de duración determinada
se considera justificada por «razones objetivas» por el mero motivo de que
dicha renovación responde a las causas de nombramiento previstas en esa
normativa, es decir, razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de
programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, en la medida en
que dicha normativa y jurisprudencia nacionales no impiden en la práctica al
empleador de que se trate a hacer uso de esas renovaciones para dar respuesta a
necesidades permanentes y estables en materia de personal. A este respecto, el
Tribunal de Justicia ha señalado que, aunque las referidas normativa y
jurisprudencia nacionales no establezcan una autorización general y abstracta
para utilizar sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, sino
que esencialmente limitan la celebración de esos contratos o el establecimiento
de esas relaciones a la satisfacción de necesidades provisionales, en la
práctica, los sucesivos nombramientos de los empleados públicos afectados no
respondían a meras necesidades provisionales de la Comunidad de Madrid, sino
que tenían por objeto atender necesidades permanentes y estables en materia de
personal del Servicio de Salud de esta Comunidad. Sobre esta cuestión, el
Tribunal de Justicia ha indicado que, según los juzgados remitentes, existe un
problema estructural en la sanidad pública española que se traduce en un
elevado porcentaje de empleados públicos temporales y en el incumplimiento de
la obligación legal de proveer de manera permanente las plazas ocupadas
temporalmente por dicho personal. Seguidamente, el Tribunal de Justicia ha
declarado que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si
ciertas medidas, como la organización de procesos selectivos destinados a proveer
definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados
públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración
determinada, la transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no
fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, constituyen medidas
adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada o medidas legales equivalentes. No obstante, el Tribunal de
Justicia ha aportado precisiones para orientar a dichos órganos
jurisdiccionales. Además, el Tribunal de Justicia ha estimado que, en caso de
utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones
de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que
se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas
relaciones no priva de carácter abusivo, desde ese punto de vista, al
comportamiento de ese empleador y no lleva a que el Acuerdo Marco no sea
aplicable a la situación de ese empleado público. A este respecto, el Tribunal
de Justicia ha considerado que el objetivo del Acuerdo Marco que consiste en
establecer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones
laborales de duración determinada se basa implícita pero necesariamente en la
premisa de que debido a su posición de debilidad respecto del empleador, el
trabajador puede ser víctima de una utilización abusiva, por parte de aquel, de
relaciones laborales de duración determinada
sucesivas, aun cuando el establecimiento y la renovación de
esas relaciones laborales se hayan consentido libremente, y en la premisa de
que esta situación de debilidad podría disuadir al trabajador de hacer valer
expresamente sus derechos frente al empresario. El Tribunal de Justicia ha
estimado que la cláusula 5 del Acuerdo Marco carecería completamente de todo
efecto útil si se privara a los trabajadores con contrato de duración
determinada de la protección que esta les otorga por el mero hecho de que hayan
consentido libremente la celebración de sucesivos contratos de trabajo de
duración determinada. Finalmente, el Tribunal de Justicia ha declarado que el
Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio
entre un empleado público y su empleador a abstenerse de aplicar una normativa
nacional que no es conforme con la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco,
dado que, como esta cláusula no tiene efecto directo, no puede invocarse, como
tal, en el marco de un litigio sometido al Derecho de la Unión, para dejar sin
aplicación una disposición del Derecho nacional que le sea contraria. NOTA: La
remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el
contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de
Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez
de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional,
y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la
decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los
demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. Documento no
oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de
Justicia. El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día
de su pronunciamiento. Contactos con la prensa: Cristina López Roca ( (+352) 4303 3667.
14/3/20
El país se paraliza y toma medidas drásticas para luchar contra el Coronavirus
Nuestro Ayuntamiento, San Sebastián
de los Reyes, ha suspendido la actividad
presencial y asegura servicios esenciales desde el viernes, 13 de marzo,
tras un acuerdo decidido en la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento por la situación excepcional generada por el
brote COVID-19. Esta situación se prolongará por 15 días que, como se ha dicho
hasta la saciedad, no es un periodo de vacaciones. El periódico el Mundo ofrece
un seguimiento
minuto a minuto de esta crisis.
El
gobierno y la Comunidad de Madrid cerrarán hasta el 26 de marzo todos los
establecimientos y comercios excepto los de alimentación y de primera necesidad,
como farmacias, gasolineras, estancos, bancos y quioscos, que podrán permanecer
abiertos, además de las fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías y
supermercados (cámaraweb de la Puerta del Sol).
Comienza una fase peligrosa y difícil en la lucha contra el virus y en la hay que extremar las medidas de higiene y prevención; algunas tan sencillas y eficaces como lavarse las manos (video explicativo del efecto del jabón) y evitar las aglomeraciones.
Se han incluido también lo comercios de informática, audiovisuales,
papelerías, de productos de higiene, de animales de compañía y los de
correspondencia o internet. En las grandes superficies, solo abrirán las zonas estos
servicios, informa EFE..
Tendrán que cerrar todos los restaurantes, bares y cafeterías,
excepto los ubicados en establecimientos hoteleros "o en el interior de
las instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos".
No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha permitido que
todos los restaurantes, bares y cafeterías puedan mantener el reparto a
domicilio o la recogida en local para el consumo de los productos en casa.
El cierre también afecta a cines, teatros, discotecas, salas de
exhibiciones, salas de conciertos, auditorios, salas de exposiciones,
gimnasios, casinos y locales de apuestas.
Del mismo modo, se ordena el cierre de parques de atracciones,
parques zoológicos, parques recreativos infantiles, verbenas, desfiles y
fiestas populares.
También se ha decretado la suspensión durante los próximos 15 días
de los centros de atención de día a personas mayores y a personas con
discapacidad ubicados en la región, aunque la Consejería de Políticas Sociales
podrá abrir centros de referencia por zona de forma excepcional para garantizar
que ningún usuario quede desatendido.
Estas medidas se suman a otras puestas en marcha como el cierre de
todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, también hasta el 26 de
marzo.
•
Policía y Protección Civil
•
Centro de Atención Integrada a las drogodependencias (CAID)
•
Servicios sociales (atenciones en situación de emergencia social)
•
El punto de violencia de género.
• Canales de información de emergencias y situaciones de necesidad de las
Delegaciones
•
Los Servicios de inhumación del Cementerio Municipal.
1/3/20
Oferta de empleo público. Carácter esencial del plazo de tres años para su ejecución. Fijación de indemnización (20.000 €) para la funcionaria interina afectada.
Esta interesante
publicación es del blog de Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, ‘El nuevo y
cambiante mundo del trabajo. una mirada abierta y crítica a las nuevas
realidades laborales’.Una nota a la sentencia del TS (C-A) de 12 de diciembre de 2019.
1. Es objeto de anotación en esta
entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de
loContencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 12 de diciembre,
de la que fue ponente la magistrada María del Pilar Teso.
La resolución judicial estima el recurso
de casación interpuesto por la parte trabajadora, una funcionaria interina del
Ayuntamiento de Carmona, contra la sentencia dictada por la SalaC-A
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla) el 22 defebrero
de 2017, de la que fue ponente el magistrado
Roberto Iriarte, que había desestimado el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada por el Juzgado C-A núm. 2 de Sevilla el 3 de
diciembre de 2015.
El interés de la resolución judicial,
que reitera la jurisprudencia de la Sala plasmada en dos sentencias anteriores,
de 10 de diciembre de 2018 y de 24 de mayo de 2019, radica básicamente en la
fijación de una indemnización de 20.000 euros a la recurrente que se vio
afectada por las actuaciones del Ayuntamiento en el que prestaba sus servicios
y que llevarían a que el TS declarara la nulidad de una de las OEP, en concreto
del año 2008, por haber transcurrido el plazo de tres años previsto en el art.
70.1 de la Ley del Estatuto Básico de Empleo Público para su ejecución cuando
se aprobaron las bases del proceso selectivo el 31 de octubre de 2012.
2. El litigio encuentra su origen en
sede judicial con la presentación de recurso c-a. Este iba dirigido en primer
lugar contra la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de
reposición interpuesto contra la decisión adoptada por la Junta de Gobierno
local, en la citada fecha de 31 de octubre de 2012, de aprobación de las bases
del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de dos plazas de Técnico
de Administración General vacantes en la plantilla de personal funcionario e
incluidas en la OEP de los años 2008 y 2010. El recurso se amplió con
posterioridad al acuerdo de 4 de febrero de 2015 que desestimó el recurso de
alzada promovido por la funcionaria interina contra el acuerdo sobre
calificaciones otorgadas y elevación de relación de aspirantes seleccionados
por el Tribunal Calificador en el mencionado proceso selectivo.
El Juzgado c-a desestimó el recurso, y
contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que correrá la misma
suerte. Consta en la sentencia del TSJ que la juzgadora de instancia basó su
sentencia en la doctrina sentada por la del TSJ (sede Granada)el 15 de
diciembre de 2014, que consideró no esencial el plazo de
tres años fijado en el art. 70.1 del EBEP para la ejecución de la OEP, de la
que fue ponente el magistrado Pedro M. Rodríguez.
La sentencia citada del TSJ hizo suya la
doctrina de la Sala C-A de la Audiencia Nacional de 24 de noviembre de 2011
(que a su vez se remite a una anterior de 3 de noviembre de 2009) y de la que
por su interés para el caso ahora analizado en el apartado concreto de
reconocimiento del derecho a indemnización reproduzco ahora un párrafo: “Lo
anterior no significa, sin embargo, que la fijación de un término o plazo
carezca de toda relevancia. Los Reales Decretos que han aprobado las Ofertas
Públicas de Empleo de los últimos años han venido fijando un límite temporal
para los procesos selectivos -el 31 de diciembre de cada año- y el nuevo
Estatuto Básico del Empleado Público también lo hace en su art. 70 -un plazo
máximo de tres años-, por lo que estos términos y plazos constituyen
indicaciones claras, incluso mandatos dirigidos a la Administración para evitar
la dilación excesiva de los procesos selectivos de su personal y, aunque no
determinen la anulación de dichos procesos, pueden determinar como ya dijimos
la existencia de responsabilidad de la Administración por un funcionamiento
anormal siempre y cuando se hayan causado daños a los particulares con tales
dilaciones. Pero la determinación de esta responsabilidad no es objeto de este
pleito”.
Pues bien, la sentencia del TSJ de 22 de
febrero de 2017 rechaza la tesis de la recurrente según la cual la OEP hubiera
debido ejecutarse en el plazo máximo de tres años y su caducidad que viciaría
de nulidad todo el proceso selectivo ejecutado desde la aprobación de las bases
el 31 de octubre de 2012. La Sala pone de manifiesto que han existido
pronunciamientos judiciales de distinto signo respecto al carácter esencial o
no del plazo de tres años del art. 70.1 del EBEP para la ejecución de una OEP,
y se alinea con la misma tesis defendida en instancia, haciendo suya la
doctrina sentada en sentencia de la misma Sala de 19 de
mayo de 2016, de la fue ponente el magistrado José G. del
Pino, que manifestó lo siguiente: “La sentencia de instancia debe ser
confirmada pues responde al criterio de esta Sala (S. 17 de julio de 2013 ,
sede de Granada y S. 11 de febrero de 2011 , sede de Sevilla), que se puede
sintetizar en los siguientes puntos: a) No nos hallamos ante un plazo de
caducidad, sino una obligación o mandato impuesto a la Administración para
concluir el proceso selectivo dentro de dicho plazo a fin de evitar la excesiva
dilatación del proceso. b) El transcurso del indicado plazo de tres años, no
determina la anulabilidad del acto pues conforme a lo dispuesto en el art. 63.3
de la Ley 30/1992 "La realización de actuaciones administrativas fuera del
tiempo establecido para ellas sólo podrá implicar la anulabilidad del acto
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", circunstancia
que no resulta del art. 70.1 EBEP. c) El art. 70.1 EBEP contiene la obligación
de desarrollar la ejecución de la OEP en el plazo de tres años, pero no una obligación
de resultado, que sería el de ejecutar los procedimientos selectivos en dicho
plazo. Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación”.
La aplicación de dicha tesis al litigio
enjuiciado se acompañó de dos argumentos adicionales: el primero, que no se
recogió en las OEP citadas que la superación del plazo máximo de dos años
previstos en las mismas para su celebración conllevara su nulidad en el
supuesto de vulneración; la segunda, la rectificación de la OEP del año 2010
para su ampliación posterior con otras plazas y la fijación de un nuevo plazo
para la celebración de la convocatoria y la fijación de un límite máximo de
tres años.
3. Contra la sentencia dictada en
apelación se interpuso recurso de casación que, como he indicado, será estimado
parcialmente al anularse la convocatoria de la OEP del año 2008 y acordarse una
indemnización a la recurrente por importe de 20.000 €.
El recurso fue admitido a trámite por
auto de 16 de abril de 2018, del que fue ponente la magistrada Celsa Picó. La
parte recurrente invocó en su recurso que se había infringido el art. 70.1
EBEP, al considerar que el inciso final establece que, en todo caso, la
ejecución de una oferta de empleo público o instrumento similar debe
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, “de forma que la
sentencia (de apelación) hace una interpretación errónea, al basar la
desestimación en que tal plazo es un mandato a la Administración para concluir
el proceso selectivo con el fin de efectuar la oferta pública y no para
ejecución misma de la oferta”. Invocó el art. 88.3 a de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Se
presumirá que existe interés casacional objetivo: a) Cuando en la resolución
impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir
sobre las que no exista jurisprudencia”), por considerar que no existía
jurisprudencia sobre la consideración de esencial (o no) del plazo de tres años
para la ejecución de los procesos selectivos derivados de una OEP aprobada.
Repárese, dicho sea incidentalmente, que la interposición del recurso es
anterior a que el TS dictara la sentenciade 10 de diciembre de
2018 que acogió la tesis de la esencialidad, y de la que fue ponente
el magistrado Pablo Lucas
En el citado auto se precisó que la
cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia era “la cuestión atinente a si el plazo de tres años para la
ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el
inciso final del artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , (coincidente
con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la
consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin
ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable”, y
se identificó como norma jurídica que, en principio, debía ser objeto de
interpretación, “ el artículo 70.1, inciso final, de la ley 7/2007, de 12 de
abril (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015)”.
4. Al resolver el recurso, la Sala
recuerda que la cuestión casacional ha sido ya objeto de atención, y resolución,
por las sentencias de 10 de diciembre de 2018 y 21 de mayo de 2019, de la
que fue ponente la magistrada Celsa Picó, por lo que dicha doctrina, que acoge
el carácter esencial del plazo de tres años para la ejecución de una OEP, debe
ser seguida “por elementales razones de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE)
y de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 de la CE”), si bien
únicamente será válida para la OEP convocada el año 2008, ya que las bases para
el proceso selectivo fueron publicadas transcurridos más de tres años desde su
aprobación, lo que no ocurrió con la OEP de 2010, ya que cuando se produjo la
convocatoria, el 3 de abril de 2013, no había transcurrido aún el plazo
máximo de tres años, y de ahí que para este segundo supuesto se desestime el
recurso de casación.
A continuación, la Sala transcribe un
amplio fragmento de la sentencia de 21 de mayo de 2019
que reproduce a su vez la del 10 de diciembre de 2018 en estos términos:
“En cambio, sí es relevante tener
presente que el límite de los tres años acompaña a la lógica de que se ejecuten
las ofertas de empleo público aprobadas para un ejercicio determinado mientras
permanezcan las necesidades en virtud de las cuales se elaboraron, necesidades
que razonablemente pueden variar de manera significativa más allá de ese
margen. En todo caso, llama la atención que la Comunidad de Madrid no haya
explicado la razón a la que se debe la demora de nueve y siete años en efectuar
las convocatorias.
Por último y en relación con lo que se
acaba de decir, es menester señalar que la recurrente en casación no ha
desvirtuado los argumentos con los que la sentencia justifica el carácter
esencial del plazo de tres años para ejecutar las ofertas de empleo público
establecido por el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Ante
una prescripción legal que impone "la obligación de convocar procesos
selectivos para las plazas comprometidas" y exige ejecutar la oferta de
empleo público "en todo caso" dentro de ese margen temporal y luego
añade que el plazo será "improrrogable", son precisas razones muy
poderosas para no deducir de esa disposición el carácter invalidante del
incumplimiento del plazo”.
5. En el recurso de casación se
solicitaba por la parte recurrente tanto la nulidad de la resolución impugnada
como la de todo el proceso selectivo posterior, basándose en la caducidad de la
OEP. Igualmente, y en este punto creo que radica el interés de la resolución
judicial, solicitaba la restitución de los efectos de su nombramiento como
funcionaria interina hasta que fuera convocada la plaza por el adecuado
conducto reglamentario “tras su inclusión en una nueva Oferta de Empleo Público
y posterior convocatoria que la ejecute conforme a derecho”.
La estimación sólo parcial del recurso
se sustenta en la siguiente argumentación: si la OEP no se ha desarrollado
“dentro del plazo improrrogable de tres años”, de acuerdo al art. 70.1 EBEP,
estaremos en presencia de un acto administrativo anulable según dispone el art.
48.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que dispone que “la realización de
actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo”.
La anulabilidad no impide, recuerda el
TS, que puedan conservarse los actos y trámites “cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción…”, ya que tal posibilidad
está expresamente contemplada y permitida por el art. 51 de la Ley 39/2015 (“El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse cometido la infracción”). Así ocurrirá en el presente
litigio, ya que el procedimiento selectivo para la ocupación de la plaza de la
OEP convocada en 2008, que es sobre la que centra su atención el TS, “se
desarrolló sin que se atribuya vicio o tacha alguna, en su ejecución,
determinante de su invalidez. Proceso selectivo al que, por cierto, se presentó
la recurrente que no resultó seleccionada, al no superar las pruebas selectivas
correspondientes. De manera que aunque solicita la nulidad de todo el proceso y
los efectos de su nuevo nombramiento como interina desde 2014 hasta que se
realice otra oferta de empleo público que se ejecute correctamente, lo cierto
es que si hubiera superado el proceso de selección no estaríamos ante dicha
petición”.
La Sala apunta asimismo que ha mantenido
tradicionalmente, y no hay motivo para apartarse en esta ocasión, “el criterio
de no alterar el resultado de la selección, respecto de los seleccionados, en
los casos de impugnación de convocatorias o del resultado de procesos
selectivos, sin perjuicio de determinar los efectos en cada caso”.
La desestimación parcial del recurso de
acuerdo a lo explicado con anterioridad no obsta a que deban derivarse
consecuencias jurídicas de una convocatoria cuya invalidez ha sido declarada y
que deben ser concretadas en la indemnización que deba abonarse a la parte
recurrente para lograr “el pleno restablecimiento de la situación jurídica
perturbada por el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico”, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 71 de la LJCA, siendo al parecer de la Sala
que la única medida posible para la reparación es la indemnización económica
del perjuicio causado. Recordemos que el citado precepto dispone en su apartado
d) que “Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se
declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién
viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la
indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en
autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases
para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará
diferida al período de ejecución de sentencia”. La Sala fija la indemnización
en la cuantía de 20.000 euros tomando como criterios de referencia “el tipo de
plaza que cubría la interina, su participación en el proceso selectivo, el
tiempo del período de selección y el transcurrido, así como lo decidido en
algún otro pronunciamiento de la Sala” que no se cita concretamente.
6. Continuará, seguro, el debate
jurídico sobre la problemática del empleo interino y de toda la litigiosidad
existente a su alrededor, tanto en sede C-A como en la Social. Sería bueno que
el nuevo gobierno adoptara medidas normativas que permitieran restringir al
máximo dicha litigiosidad y proporcionara seguridad jurídica, en especial por
lo que respecta al establecimiento de un período máximo de duración de la
contratación de interinidad o del nombramiento como personal funcionario
interino ¿no les parece?
Mientras tanto, buena lectura.
20/2/20
Reacciones a la manifestación del 15-F y a la próxima sentencia del TJUE
Unos
días después de la manifestación del 15-F, sólo queda decir que, al margen de las
cifras de asistentes (según los medios, de 3.000 a 12.000), fue un éxito que los medios de comunicación tuvieran, al
menos por una vez, información de que hay muchos, más de 800.000, empleados públicos en fraude de ley por abuso
de la temporalidad en España.
Queremos agradecer la participación e implicación de
los asistentes y animar a todos a seguir defendiendo nuestros derechos. Es
importante seguir movilizándonos y reivindicar lo que nos pertenece tras años
de trabajo, y haber demostrado nuestra capacidad para llevarlo a cabo. Fue una
manera de visibilizar nuestra situación con una actitud impecable: defendiendo
los derechos que tenemos todos los que sufrimos un fraude de ley desde hace ya
muchos años y exigiendo que se cumplan al amparo de la Directiva Europea
1999/70, como se solicitó en el manifiesto que se leyó en la Puerta del Sol.
Seguimos trabajando para que nuestras
reivindicaciones sean escuchadas y tomadas en consideración, tal y como reflejan
las reacciones que han surgido en las últimas semanas y de las os dejamos algunos
enlaces e información puntual.
Intervención de Edmundo Bal, abogado del Estado, exjefe
del Departamento de Penal de la Abogacía general del Estado y representante del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
MANUEL SÁNCHEZ DE DIEGOPROFESOR Y COORDINADOR DEL SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA UCM
'El
problema de Estado' de los interinos y temporales en fraude de ley (El
Diario.es)
Fernando Ónega en la Vanguardia: ‘Fin de la resignación’
Hay una España oficial convencida de que va a hacer la gran revolución social, con mucha más justicia, igualdad y feminismo. Cada día los periódicos están llenos de esas promesas, como corresponde a una coalición de izquierdas. Eso ocurre en las alturas. Si bajamos un escalón, encontramos otra España, la España de la protesta y la manifestación. Sectores y territorios agraviados, olvidados o que se consideran marginados salen a la calle a hacer oír su voz. En los últimos días hemos visto a los campesinos, la revuelta más sonada. Pero hemos visto también a los autónomos, que reclaman igualdad. Y a los funcionarios interinos, con muchos que llevan treinta años de interinidad. Y este último fin de semana, las 80.000 personas que salieron a la calle en León, impulsadas por el deterioro industrial, la despoblación y lo que consideran la muerte de la provincia.
El Gobierno tiene que estar sorprendido en su buena voluntad. Hasta ahora la tradición decía que la calle se levantaba cuando gobernaba la derecha porque la izquierda la agitaba. Ahora gobierna la izquierda. No hay poder político a la izquierda de la coalición Sánchez-Iglesias. Se puede decir más: el populismo ha llegado al Gobierno. Pero la calle está en rebeldía. Hay otro populismo que agita y explota el descontento. Y el conflicto le estalla entre las manos a un Gabinete que se acaba de estrenar y no ha tenido tiempo de hacer nada, ni bueno, ni malo.
Hablemos de las consecuencias. Quizá haya que cambiar las prioridades: menos ideología, menos filósofos del cambio político y más administradores de las cosas. Hoy, cualquier movimiento ciudadano puede provocar una revuelta. Gracias a Dios, las protestas todavía son pacíficas: sólo alcanzan el grado de incidentes de orden público. Pero todos los indicios apuntan a que se agota esa España que dio tanta tranquilidad a los sucesivos gobiernos: la España de la resignación.
Fernando Ónega en la Vanguardia: ‘Fin de la resignación’Hay una España oficial convencida de que va a hacer la gran revolución social, con mucha más justicia, igualdad y feminismo. Cada día los periódicos están llenos de esas promesas, como corresponde a una coalición de izquierdas. Eso ocurre en las alturas. Si bajamos un escalón, encontramos otra España, la España de la protesta y la manifestación. Sectores y territorios agraviados, olvidados o que se consideran marginados salen a la calle a hacer oír su voz. En los últimos días hemos visto a los campesinos, la revuelta más sonada. Pero hemos visto también a los autónomos, que reclaman igualdad. Y a los funcionarios interinos, con muchos que llevan treinta años de interinidad. Y este último fin de semana, las 80.000 personas que salieron a la calle en León, impulsadas por el deterioro industrial, la despoblación y lo que consideran la muerte de la provincia.
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