Unos
días después de la manifestación del 15-F, sólo queda decir que, al margen de las
cifras de asistentes (según los medios, de 3.000 a 12.000), fue un éxito que los medios de comunicación tuvieran, al
menos por una vez, información de que hay muchos, más de 800.000, empleados públicos en fraude de ley por abuso
de la temporalidad en España.
Queremos agradecer la participación e implicación de
los asistentes y animar a todos a seguir defendiendo nuestros derechos. Es
importante seguir movilizándonos y reivindicar lo que nos pertenece tras años
de trabajo, y haber demostrado nuestra capacidad para llevarlo a cabo. Fue una
manera de visibilizar nuestra situación con una actitud impecable: defendiendo
los derechos que tenemos todos los que sufrimos un fraude de ley desde hace ya
muchos años y exigiendo que se cumplan al amparo de la Directiva Europea
1999/70, como se solicitó en el manifiesto que se leyó en la Puerta del Sol.
Seguimos trabajando para que nuestras
reivindicaciones sean escuchadas y tomadas en consideración, tal y como reflejan
las reacciones que han surgido en las últimas semanas y de las os dejamos algunos
enlaces e información puntual.
Intervención de Edmundo Bal, abogado del Estado, exjefe
del Departamento de Penal de la Abogacía general del Estado y representante del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
MANUEL
SÁNCHEZ DE DIEGOPROFESOR Y COORDINADOR DEL SINDICATO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN LA UCM
'El
problema de Estado' de los interinos y temporales en fraude de ley (El
Diario.es)
Fernando Ónega en la Vanguardia: ‘Fin de la resignación’
Hay una España oficial convencida de que va a hacer la gran revolución social, con mucha más justicia, igualdad y feminismo. Cada día los periódicos están llenos de esas promesas, como corresponde a una coalición de izquierdas. Eso ocurre en las alturas. Si bajamos un escalón, encontramos otra España, la España de la protesta y la manifestación. Sectores y territorios agraviados, olvidados o que se consideran marginados salen a la calle a hacer oír su voz. En los últimos días hemos visto a los campesinos, la revuelta más sonada. Pero hemos visto también a los autónomos, que reclaman igualdad. Y a los funcionarios interinos, con muchos que llevan treinta años de interinidad. Y este último fin de semana, las 80.000 personas que salieron a la calle en León, impulsadas por el deterioro industrial, la despoblación y lo que consideran la muerte de la provincia.
El Gobierno tiene que estar sorprendido en su buena voluntad. Hasta ahora la tradición decía que la calle se levantaba cuando gobernaba la derecha porque la izquierda la agitaba. Ahora gobierna la izquierda. No hay poder político a la izquierda de la coalición Sánchez-Iglesias. Se puede decir más: el populismo ha llegado al Gobierno. Pero la calle está en rebeldía. Hay otro populismo que agita y explota el descontento. Y el conflicto le estalla entre las manos a un Gabinete que se acaba de estrenar y no ha tenido tiempo de hacer nada, ni bueno, ni malo.
Hablemos de las consecuencias. Quizá haya que cambiar las prioridades: menos ideología, menos filósofos del cambio político y más administradores de las cosas. Hoy, cualquier movimiento ciudadano puede provocar una revuelta. Gracias a Dios, las protestas todavía son pacíficas: sólo alcanzan el grado de incidentes de orden público. Pero todos los indicios apuntan a que se agota esa España que dio tanta tranquilidad a los sucesivos gobiernos: la España de la resignación.
