Miles de trabajadores/as temporales públicos nos estamos organizando a nivel nacional. Para defender nuestros derechos, el sábado 6 de abril de 2019, temporales de la administración educativa, sanitaria, judicial, local y autonómica estamos llamados a una concentración simultánea en toda España.
MANIFIESTO
La Coordinadora Estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, formada por organizaciones civiles, sindicales y del sector público de todo el territorio nacional, nos organizamos por nuestros derechos laborales pisoteados y contra los falsos procesos de estabilización que los distintos gobiernos han puesto o pondrán en marcha en los próximos meses, al amparo de las leyes de presupuestos y con el aval cómplice de CCOO, UGT Y CSIF. Unos procesos en los que saldrán todas las plazas actualmente ocupadas por quienes llevamos años cubriendo puestos estructurales y necesidades permanentes dentro de la Administración.
Desde esta Coordinadora Estatal denunciamos que las ofertas de empleo público en marcha, no estabilizan a nadie ni van a acabar con la temporalidad.
La actual situación de los Empleados Públicos en la Administración española es la siguiente:
Los Sindicatos CC.OO, UGT y CSIF han vendido a los trabajadores temporales de las Administraciones Públicas españolas al pactar con el Gobierno (firmando el “Acuerdazo” con Montoro) reducir hasta el 8% la temporalidad en la Administración mediante Ofertas de Empleo Público (OPEs) “masivas”, donde se convoquen todas las plazas que YA ESTÁN OCUPADAS desde hace años por empleados públicos temporales en fraude de ley.
Para las Administraciones públicas españolas la convocatoria de OPEs y procesos selectivos de acceso libre son una forma de “tapar” los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración.
Estos “mal llamados procesos de estabilización” (porque no estabilizan a las personas sino las plazas) facilitarán el cese y despido masivo y SIN INDEMNIZACIÓN de más de 700.000 empleados públicos, con una media de 45 años, que engrosaremos las listas del paro después de décadas trabajando y aportando nuestra experiencia a la calidad de los servicios públicos. Se trata de un despido masivo ilegal que nos venden como creación de empleo y fin de la temporalidad.
Estos abusos de las Administraciones Públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento del art. 70.1. de EBEP durante años, que establece que “la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.
Además del incumplimiento de los plazos, las Administraciones no han sacado a oposición el 100% de la tasa de reposición, ofertando durante décadas menos plazas vacantes de las existentes y amortizando plazas, incrementando así la oferta de plazas temporales que ha dado lugar a la elevadísima tasa actual de contratación temporal de larga duración. Han incumplido las “razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia” a las que deben responder los contratos temporales y da lugar a la cobertura de plazas estructurales por personal temporal, del que la Administración puede prescindir fácilmente y sin indemnización.
El funcionariado interino, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración, hemos accedido a nuestras plazas mediante procedimientos selectivos que respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y desempeñamos las mismas funciones que los funcionarios de carrera (art. 10.2 y 10.1. del EBEP, respectivamente). Sin embargo, recibimos un trato discriminatorio con respecto a ellos incumpliendo la Directiva Europea 1999/70/CE.
El Gobierno actual, en su “Plan Director por el Trabajo Digno”, incluye medidas específicas en materia de lucha contra la contratación temporal fraudulenta en el sector público y su mecanismo de vigilancia, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no tiene competencia en los casos de fraude en temporal estatutario o interino o eventual, ya que sólo tiene competencias en materia de personal laboral. Así que nuestro fraude queda en el limbo.
No es sólo nuestro puesto de trabajo, ni el pan de miles de familias lo que está en juego, sino también la salvaguarda del interés general y la calidad de los servicios públicos.
Por todo ello, desde la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, hacemos un llamamiento a nuestros compañeros y compañeras, a todos los sindicatos de la función pública, a las distintas “mareas” defensoras de lo público y a toda la ciudadanía, a venir con nosotr@s a la movilización estatal descentralizada que llevaremos a cabo el próximo 6 de abril a las 12 h.
En Madrid . Plaza Cibeles.
En Asturias será en Oviedo en la Plaza de la Escandalera.
En Valencia Plaza San LLorenç- "Les Cortts".
En Mérida Plaza España.
En Sevilla Plaza Nueva.
En Toledo Plaza Zocodover.
En Valladolid Fuente Dorada.
Exigimos:
- Paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización.
- Suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal.
- Estabilización mediante regularización administrativa, de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad.
- Igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración.
- Reversión de la privatización.
- Recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitaria.
¿De dónde surge la organización de esta convocatoria?
SINTTA participó en la Asamblea de constitución de la “Coordinadora estatal de empleados públicos en fraude de ley y abuso de la temporalidad”, donde más de 30 asociaciones sindicales y civiles, de todo el territorio nacional, nos reunimos el sábado 9 de febrero en Madrid con el objetivo de fijar acuerdos sobre una tabla reivindicativa común que permitiera constituir una coordinadora estatal para llevar a cabo acciones inmediatas en defensa de esa tabla común.
Esta iniciativa de lucha, contra el fraude laboral en el empleo público, responde a la propuesta de empleados públicos (funcionarios, estatutarios y laborales) de todo el sector público, de todo el territorio nacional, en busca de la adopción de medidas eficaces para prevenir el abuso del empleador en el futuro y deben eliminar de forma eficaz y definitiva las consecuencias del abuso en el empleado.
Con el objetivo común de reducir la temporalidad laboral en el sector público, SINTTA considera que debe realizarse por una doble vía:
- Mediante ofertas ordinarias de empleo para la reposición de efectivos que han causado baja, o sustitución de interinos que cubren efectivamente necesidades temporales de la Administración. La falta de ejecución efectiva del 100% de las ofertas, vulnera el art.23.2 Constitución por restringir el acceso al empleo público a la ciudadanía en igualdad de condiciones, en tanto no se oferta el total de plazas vacantes que necesitan ser cubiertas, y que se cubrirán de nuevo en temporalidad abusiva.
- Mediante la regularización del fraude laboral a través de la imposición de la debida SANCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN por incumplir la prohibición de abuso de la relación temporal. Es la conducta ilegal e inconstitucional de la Administración la que debe ajustarse a derecho, y no los procesos selectivos de quienes ya han accedido al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE, BAJO UNA APARENTE TEMPORALIDAD, CUBREN NECESIDADES ESTRUCTURALES Y PERMANENTES REALIZANDO LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL PERSONAL PERMANENTE TIENEN DERECHO, CONFORME ART.14 CE Y DERECHO DE LA UNIÓN, A LA REGULARIZACIÓN DE SU SITUACIÓN PARA IMPEDIR EL TRATO DISCRIMINATORIO CON RESPECTO AL PERSONAL PERMANENTE Y SANCIONAR LA CONDUCTA CONTRARIA A DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN, SUJETA AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE SOMETIMIENTO A LA LEY Y AL DERECHO, QUE NO PUEDE QUEDAR IMPUNE.
La situación de fraude y abuso que provoca la precariedad en el empleo se sufre por MILES DE COMPAÑER@S que no deben ser cesados o despedidos, como consecuencia de actuaciones fraudulentas y abusivas de la Administración.
